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Actualidad

Los costes efectivos y la mejora de la eficiencia en el sector local

Por Afi

Los costes efectivos de los servicios públicos locales llevan publicándose desde hace unos años, sin embargo ¿se han cumplido los objetivos que con ellos se planteaban?

Martes, 23 de marzo de 2021

La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 116 ter, recoge que las entidades locales deben calcular el coste efectivo de los servicios antes del 1 de noviembre. Los criterios para este cálculo se establecieron en la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.

El Ministerio de Hacienda ha publicado los costes efectivos de los servicios calculados por cada entidad local desde 2014 hasta 2019, configurándose como un conjunto de datos suficiente para realizar valoraciones sobre la utilidad de los mismos, atendiendo a los objetivos que con ellos se establecieron.

Dichos objetivos se estructuraron en torno al cumplimiento de los principios de eficiencia y de transparencia de la gestión pública local. Indudablemente, el efecto positivo en el ámbito de la transparencia, a priori, se ha producido. Sin embargo, ¿se han configurado los costes efectivos y su publicación como un sistema que contribuye a la mejora de la eficiencia de las entidades locales?

Antes de aproximarnos a encontrar una respuesta a la cuestión planteada, resulta conveniente analizar los criterios que se definieron para calcular el coste efectivo. En este sentido, cabe destacar:
 
  • Los servicios estudiados se identifican con grupos de programas o programas concretos del presupuesto.
  • Para cada servicio se establece el tipo de gastos presupuestarios que se deben considerar en el cálculo del coste. Por tanto, en esta parte, se produce una aproximación de dicho coste a través del propio gasto, incluido el pendiente de aplicar a la liquidación presupuestaria.
  • El coste directo del servicio se obtiene sumando, al gasto presupuestario anterior, las amortizaciones que cada entidad local establezca, teniendo en cuanta los criterios que aplican de acuerdo con la normativa contable. En este punto, el importe de la amortización puede verse afectado por los diferentes niveles de control y seguimiento de los inmovilizados por parte de las entidades locales.
  • Los costes indirectos prácticamente se limitan a la imputación de los gastos del grupo de programa de administración general de la correspondiente política de gasto.

Considerando que la base de los citados criterios se establece sobre la asociación de los servicios estudiados con la clasificación por programas correspondiente, supone un incentivo, para la persona responsable del cálculo, de acudir a dicha clasificación y adoptar como buena la cifra correspondiente, sin contemplar situaciones específicas que se podrían producir, como retrasos en la facturación de mancomunidades que prestan el servicio en el municipio.

En la nota que se publicó en elsectorpublico.es el 24 de junio de 2019 (“el coste efectivo de los servicios municipales”) ya se exponía un estudio de los datos sobre costes efectivos correspondientes al período comprendido entre 2014 y 2017. En ella, respecto a los servicios obligatorios, se observaba:
 
  • En la práctica totalidad de tramos poblacionales de los municipios, los costes por habitante de los servicios de alumbrado, recogida de residuos y limpieza viaria descendieron en los cuatro ejercicios analizados, al tiempo que aumentaron los correspondientes a parques públicos y tratamiento de residuos.
  • En general, si las economías de escala llevan a establecer como hipótesis un descenso del coste por habitante a medida que aumenta el tamaño poblacional del municipio, esto no se produce en los servicios obligatorios analizados, salvo en alumbrado. Este hecho, por tanto, no índica una mayor eficiencia de las entidades locales de mayor dimensión. En cualquier caso, el hecho de que el coste medio por habitante no se reduzca a medida que aumenta el tamaño del ayuntamiento podría deberse a que el contenido de un mismo servicio tiene diferente profundidad en función, precisamente, de ese tamaño.

En la presente nota, y con el foco centrado en la cuestión inicialmente planteada, realizamos un análisis de la utilidad de los datos sobre costes efectivos desde otra perspectiva.

Nos ponemos en el papel de un gestor o dirigente municipal que acude a la publicación de los costes efectivos con el fin de determinar, por análisis comparado relevante, si sus servicios municipales presentan mucha o poca diferencia en su coste, como uno de los sistemas preliminares para aproximarse a la evaluación de sus ineficiencias/eficiencias.

De este modo, se han seleccionado al azar cinco de los dieciséis municipios que conforman el tramo poblacional comprendido entre 10 mil y 20 mil habitantes de la Comunidad de Madrid. Para cada uno de ellos se ha realizado un estudio evolutivo y comparativo del coste total de cada uno de los servicios obligatorios más importantes y que son:
 
  • Alumbrado público
  • Cementerio
  • Recogida de residuos
  • Limpieza viaria
  • Pavimentación de las vías públicas
  • Parque público
  • Biblioteca pública
  • Instalaciones deportivas de uso público
  • Medio ambiente urbano
  • Parques y jardines públicos

En primer lugar, la recopilación y clasificación de los datos correspondientes nos muestra una situación ciertamente extraordinaria, desde el momento en que tres de los municipios carecen de costes en medio ambiente urbano y uno no los tiene en parques y jardines.

Por otra parte, si se analiza la evolución del coste de cada ayuntamiento en los diferentes servicios, no se observa un patrón de comportamiento común.


Además de la conclusión anterior, sobre la ausencia de un patrón de comportamiento general, se pueden extraer otras como las que a continuación se señalan:
 
  • Únicamente el servicio de instalaciones deportivas ha experimentado un crecimiento del coste en todos los ayuntamientos estudiados. En cualquier caso, con variaciones importantes, que podrían indicar que en algún ejercicio no se estaba recogiendo parte del coste.
  • La tendencia en el coste del servicio de biblioteca ha sido la del incremento, al contrario de lo sucedido en el correspondiente a limpieza viaria, en el que se ha producido un descenso mayoritario.

Por otra parte, si se consideran los costes anuales medios de cada ayuntamiento en el período de referencia, también se obtienen diferencias importantes entre los municipios.



La tabla anterior muestra que:
 
  • El servicio de limpieza viaria es el que presenta mayor homogeneidad en su coste entre los diferentes ayuntamientos, a pesar de que la diferencia entre el coste mínimo y el máximo es del 84%.
  • En su cuantía, son los costes de los servicios de recogida de residuos y de pavimentación de vías los que mayores diferencias muestran. En el caso de la recogida de residuos, los ayuntamientos que muestran el menor y el mayor coste gestionan de forma directa el servicio; sin embargo, el que presenta el coste más reducido solo imputa costes de gastos corriente en bienes y servicios (capítulo 2 de la liquidación presupuestaria), sin incluir costes de personal, entre otros.
  • Finalmente, la mayor variación en el coste medio se produce en el servicio de parques y jardines, si bien es uno de los que menos recursos absorbe. En todo caso, vuelven a observarse inconsistencias que apuntan a que hay municipios que no están recogiendo correctamente sus costes.

De este modo, el breve ejercicio realizado conduce a establecer las siguientes conclusiones respecto a la publicación de los costes efectivos:
 
  • Los costes efectivos no pueden ser considerados como tales, puesto que buena parte de los mismos se identifica con las obligaciones reconocidas en las liquidaciones presupuestarias. Por tanto, se acerca más el concepto de gasto ejecutado, si bien a este se le suman las amortizaciones.
  • Para los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes se solapa el cálculo del coste efectivo con los costes recogidos en la memoria de costes y rendimiento de los servicios que se incluye en las cuentas anuales. Estos costes, aplicando la metodología recogida en la “Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública”,  sí se fundamentan en la contabilidad analítica y, por tanto, contribuyen mejor al control de la eficiencia.
  • El cálculo del coste efectivo podría contribuir a que los ayuntamientos pequeños se impregnen más de la cultura del coste. Sin embargo, lo harían con una aproximación metodológica que, por sencilla, es incorrecta si se aplica con la verdadera finalidad de obtener el coste de los servicios.
  • Los datos comentados anteriormente nos conducen a intuir que algunas entidades locales podrían estar cumplimentando los formularios de los costes efectivos que se envían al Ministerio de Hacienda para responder a esa obligación, pero sin desarrollar, al mismo tiempo, un análisis de la información que se está remitiendo. De esta forma, se podrían explicar costes de servicios que se establecen en céntimos de euro.
  • Si bien el cálculo y publicación del coste efectivo supone un ejercicio de transparencia, esa información, al elaborarse sobre criterios que se prestan a que la persona que los aplica pueda tomar decisiones discrecionales, no aportaría el valor añadido necesario para contribuir a la mejora de la eficiencia de las entidades locales.

En definitiva, la publicación del coste efectivo de las entidades locales supone una carga de trabajo para el personal de las mismas que no parece justificarse con los beneficios potenciales que podría aportar esa información para el propio sector ni para los ciudadanos. Simplemente, estos últimos pueden acudir a las liquidaciones por programas para conocer la cuantía que su administración local gasta en cada política de gasto.

Las entidades locales, además, no pueden encontrar en esa información los datos necesarios para realizar un estudio comparativo que indique caminos de mejora en eficiencia, desde el momento en el que recoge cifras incoherentes con la realidad y, además, fundamentadas en cálculos de amortización que no están homogeneizados.

En este punto, parecería más eficaz que todas las entidades locales tuvieran que presentar una memoria de costes en sus cuentas anuales, con criterios claros y efectivos relacionados con la contabilidad analítica. Si dichos costes, además, fueran compatibles con los que se asocian al establecimiento de tasas, precios públicos y contribuciones especiales, se desarrollaría un trabajo coherente y, desde luego, más eficiente.

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