El subsector local es, dentro del conjunto de la Administración Pública española, el que mejor comportamiento ha experimentado desde que se aprobaron las reglas fiscales. Sin embargo, dentro del mismo, se encuentran ayuntamientos que tienen una hacienda local muy comprometida. En este sentido, la AIReF, ya en diciembre de 2017, y después de haber evaluado a un grupo de 18 entidades locales de más de 20.000 habitantes, puso de manifiesto que nueve de ellas sufrían un “problema estructural y agudo de sostenibilidad de sus finanzas”. Ante esos casos, la AIReF recomendó que el Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHyFP) convocara y liderara una comisión de expertos, en línea con lo establecido en los artículos 25.2 y 26 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF), para analizar las causas y proponer soluciones adecuadas.
 
Con una evaluación de los datos de la liquidación del ejercicio 2021, se puede establecer que el mayor número de ayuntamientos con deuda superior al 110% de los ingresos corrientes se encuentra en el tramo poblacional que comprende aquellos de hasta 1.000 habitantes, seguido del correspondiente al que abarca de 1.001 a 5.000 habitantes, con 40 y 39 entidades locales, respectivamente.
 
Los tramos con mayor población son los que presentan menor número de entidades locales con deuda que supera el límite legal máximo:
 

 
En todo caso, la distribución señalada es coherente con el número de administraciones locales que integran cada tramo poblacional.

El conjunto del exceso de la deuda financiera, identificado este como la parte de deuda que supera el 110% de los ingresos corrientes, se establece en 2.807 millones de euros, de los cuales, más de la mitad (1.490 millones de euros) está en las cuentas de ayuntamientos de más de 100.000 habitantes.
 

La cuantía del exceso de deuda se incrementa de forma relevante a partir de los tramos de población que superan los 20.000 habitantes.
 
Esa situación se explica, principalmente, por el tamaño del presupuesto municipal, puesto que el promedio de deuda por habitante más elevado se encuentra en el tramo de los ayuntamientos de poblaciones de hasta 1.000 habitantes.
 
De esa forma, los ayuntamientos de hasta 20.000 habitantes acumulan únicamente el 14% del exceso de la deuda, cuando representan el 83% de los ayuntamientos afectados.
 
Por otra parte, el estudio de la antigüedad de la deuda de los ayuntamientos permite concluir que, en la mayoría de los casos, el exceso procede de los mecanismos de financiación estatales que se pusieron en funcionamiento entre 2012 y 2013 para reducir la deuda comercial del sector público. Por tanto, es una situación que se puede calificar de “estructural”, dado que se mantiene desde hace más de una década, a pesar de los planes de saneamiento que las entidades afectadas han tenido que aprobar y desarrollar, tuteladas por el MINHyFP.
 

Ante la situación descrita, se hace evidente que es preciso adoptar soluciones diferentes a las que hasta ahora se han puesto en marcha. Además, dichas soluciones deben tener en cuenta que, en buena parte de los ayuntamientos afectados, no existe capacidad de generar un ahorro bruto suficiente para hacer frente a las amortizaciones de deuda o, si la hay, dicho ahorro se ve comprometido en más de una legislatura, sin posibilidad de abordar inversiones dentro del municipio con cargo a fondos propios.
 
En la búsqueda de alternativas que permitan dar una respuesta satisfactoria a la problemática expuesta, es posible y razonable proponer que el Gobierno, como garante de los principios de solidaridad y equilibrio territoriales, articule ayudas económicas dirigidas a reequilibrar los presupuestos de los ayuntamientos afectados.
 
Una de las formas de diseñar la actuación señalada es cubriendo, con las mencionadas ayudas, las amortizaciones anuales de la deuda financiera hasta que las entidades municipales sitúen su capital vivo en el 110% de los ingresos corrientes. Eso sí, siempre y cuando cada una de las haciendas locales beneficiarias cumpla con las reglas fiscales y no genere nueva deuda comercial (presupuestaria o extrapresupuestaria).
 
La propuesta expuesta no es original. La última experiencia próxima y de la misma naturaleza se desarrolló por la Generalitat Valenciana a través del “Decreto 32/2022, de 18 de octubre, del president de la Generalitat, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al saneamiento de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana en especial dificultad económico-financiera.”