Según establece el artículo 1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, las Administraciones Públicas deberán garantizar, a lo largo del proceso de contratación, que el mismos se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, así como la no discriminación y la igualdad de trato entre licitadores, garantizando la adecuación de los fondos utilizados a los objetivos de estabilidad presupuestaria y control del gasto público.

Más allá del ámbito presupuestario, las Administraciones pueden lograr resultados sociales positivos aplicando los criterios de contratación pública socialmente responsable (en adelante, CPSR), pudiendo influir en el mercado desde el punto de vista de la oferta y de la demanda.

Aumentando la eficiencia de las compras públicas, los licitadores pueden fomentar aspectos tan relevantes en el desarrollo de una sociedad como son la mejora de las oportunidades de empleo, la mejora y las capacidades individuales y colectivas, el reciclaje de los trabajadores, la inclusión social o la igualdad de género. De este modo, la CPSR reconoce que a los compradores públicos no sólo les interesa comprar a la mejor relación calidad-precio posible, sino que también les interesa garantizar que el procedimiento genere beneficios sociales, considerándose de este modo la contratación pública como un instrumento estratégico para gastar el dinero público de manera más eficiente y sostenible.

Para implementar las técnicas de CPSR en sus procesos de contratación, las administraciones públicas deberán, en primer lugar, incluir consideraciones sociales específicas en sus decisiones de compra y los objetivos a alcanzar a través de las mismas. Para ello, es necesaria la colaboración en todos los niveles de la administración en cuestión, desde el político hasta el técnico, estableciendo un proceso de implantación de los criterios contenidos en la CPSR que puede seguir los siguientes pasos:

 Así, a la hora de redactar los pliegos administrativos y técnicos se tendrán en cuenta estos criterios previamente definidos añadiendo cláusulas que tengan en cuenta y premien, entre otras:

Aplicando estos criterios, entre otros, además de cumplir las obligaciones establecidas en las Directivas sobre contratación pública y la propia Ley de Contratos del Sector Público, la CPSR ayuda a las Administraciones Públicas a detectar riesgos de incumplimiento de las normas del derechos social y laboral; a fomentar mercados con conciencia social; a demostrar una gobernanza socialmente responsable; a apoyar la integración y la inclusión; y a garantizar un gasto público efectivo.
 
Para facilitar la implementación de los criterios de CPSR en la Administración Pública, la Comisión Europea ha elaborado una guía informativa en la que aclara los principales conceptos y aspectos a tener en cuenta a lo largo del proceso, que está disponible a través del siguiente enlace.