Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda (en adelante, MINHAP) a 31 de diciembre de 2019, el número de entes no principales adscritos al Sector Público local ascendía a 4.251. Esta cifra supone una disminución del 4,4% respecto al mismo periodo de 2018 tras dos años de mantenimiento en la misma cifra.
 
Son las Comunidades Autónomas de Andalucía y Cataluña las que más han bajas han registrado a lo largo de 2019, tanto por baja definitiva como por cambio de sectorización, siendo las cifras de 408 y 425 respectivamente.

Diferenciando por tipo, la estructura se mantiene bastante estable sobre el ejercicio anterior, siendo las Sociedades y los Organismos Autónomos mayoría, y representando a cierre de 2019 más del 50% de los entes dependientes de las Corporaciones Locales.
 
Ampliando el horizonte temporal y estudiando las tasas de variación desde 2009, año en que empieza a reducirse el número de entidades dependientes del sector local, se observa un comportamiento asimétrico.

Mientras que entre los organismos autónomos y los consorcios se ha producido una reducción superior al 45% en el periodo analizado, en las entidades públicas empresariales y las comunidades de usuarios, se ha observado un aumento por encima del 10% a lo largo del mismo.

En términos generales, la mayor reducción porcentual respecto al ejercicio anterior se registró en 2011, cuando el total de entidades dependientes disminuyó un 7,2%. Tras ello, se observa una ralentización del ritmo de reducción de entes, repuntando esta caída en 2019 hasta el 4,4% interanual.

Esta reducción es, en su mayor parte, consecuencia de las medidas acordadas por el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias para conseguir una reestructuración del sector público local.

La primera de estas medidas hace referencia al acuerdo de la Comisión Nacional de Administración Local, de 25 de enero de 2012, definido como “Acuerdo de reordenación y racionalización del sector público instrumental local y de control, eficiencia y reducción del gasto público gestionado por el mismo”, que se vertebraba sobre la reducción de la dimensión del sector público local, controlando su actividad y racionalizando su organización.

La segunda tiene que ver con la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. A través de dicha Ley, se buscaba la revisión del conjunto de las entidades instrumentales dependientes que conforman el sector local. Entre las medidas adoptadas y que han afectado al comportamiento explicado, se encuentran las siguientes:

• Prohibición de crear nuevas sociedades instrumentales por las Entidades Locales que estén sujetas a un Plan Económico-Financiero o de ajuste.
• Respecto a las entidades dependientes ya existentes, se exigirá su saneamiento si se encuentran en déficit, procediendo a su disolución si no se corrige esa situación.
• Finalmente, se prohíbe la creación de sociedades instrumentales dependientes de entidades que ya dependen de una Entidad Local, obligando a la disolución de aquellas que ya existieran con la entrada en vigor de esta Ley.

En concreto, desde 2012 se ha reducido en 1.242 el número de entidades dependientes de las Corporaciones Locales, pasando de las 5.493 registradas a cierre de 2012 a las 4.251 a 31 de diciembre de 2019 (reducción superior al 22% en el periodo 2012-2019).

De esa reducción entre 2012 y 2019, 1.181 corresponden a entidades dependientes del sector local que han cerrado definitivamente, mientras que el resto han cambiado su sectorización bien como ente público autonómico, bien como ente público estatal.

Desagregando por tipo de entidad principal los datos a cierre de año son los siguientes:
 
Como se observa en la tabla 1, las entidades principales se mantienen estables a lo largo de la serie 2016-2019 (2016 es el último año para el que se dispone esta información), reduciéndose, de manera continua y en todas las tipologías de entidad principal, las dependientes.

Destaca que las Diputaciones, que representan apenas un 0,4% de las entidades principales a lo largo del periodo analizado, tienen entre 489 y 479 entidades dependientes, lo que supone, en todos los casos, más del 11% del total de entidades dependientes. A este respecto, hay que tener en cuenta que las Diputaciones Provinciales cuentan con numerosos organismos propios de gestión y con otros muchos con los que prestan asistencia a las Entidades Locales de ámbito inferior a la provincia.

Analizando la ratio de entidades dependientes de los Ayuntamientos y diferenciando por provincias, se observa cómo en aquellas donde la estructura territorial se basa en un gran número de ayuntamientos pequeños, el volumen de entidades dependientes es bajo. Especialmente acusado es este hecho en las provincias de Castilla y León y Castilla – La Mancha.
 
Por el contrario, en provincias como Cádiz, Sevilla o Murcia, donde el número de municipios no es muy elevado y se trata de municipios relativamente grandes, el número de entes es mayor dado el mayor número de servicios a prestar.

Por lo que respecta a la ratio de entidades dependientes de entes supramunicipales por cada ente supramunicipal (Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares y Mancomunidades de Municipios), los resultados son los siguientes:
 
Destaca cómo, en la totalidad de las provincias de Cataluña, que en el caso anterior ninguna llegaba a un ente dependiente por ayuntamiento, la estructura supramunicipal es más fuerte que la municipal, debido sobre todo a la existencia de Mancomunidades y Agrupaciones de Municipios. Igualmente, se observa un elevado número de entes provinciales en el País Vasco, donde las Diputaciones Forales cuentan con un rango de competencias muy elevado gracias al régimen foral.

Otro hecho a destacar es la cantidad de dependientes de los Cabildos y Consejos Insulares ya que las tres provincias de las islas tienen más de 2,5 dependientes por entidad (resaltando Santa Cruz de Tenerife con 5,6 dependientes por cada entidad principal).

Si ponemos en contraste esta reducción del número de entes dependientes con la disminución esperada del personal al servicio de las entidades locales se observa que se ha producido un descenso paralelo, aunque a menor ritmo.
 
Entre 2009 y 2019 el número de efectivos ha caído más de un 8%, lo que se traduce en una caída del personal al servicio de la administración local superior a 53.000 personas. En todo caso, actualmente esta reducción se concentra únicamente en unas cuantas provincias: la totalidad de Andalucía, Zamora, Ávila, Salamanca, Soria y Cantabria.
 
La reducción del tamaño del sector local, tanto en número de entes como en efectivos, unido al buen comportamiento de figuras tributarias contracíclicas (principalmente IBI), han sido los factores determinantes de la actual situación financiera de los ayuntamientos. Única administración española en superávit desde el ejercicio 2012.