En esta nota vamos a analizar otro aspecto crucial en la evaluación de la situación de la hacienda de una Administración pública: la liquidez. Para ello, decidimos aproximarnos al estado de remanente de tesorería, documento que recoge con detalle la posición a corto plazo de una entidad pública local.

De modo muy sintético, podemos decir que el remanente de tesorería informa de los fondos líquidos de la entidad, a los que se suman los derechos pendientes de cobro y, a ese conjunto, se le detraen las obligaciones pendientes de pago que tiene que afrontar.

En el análisis de los datos correspondientes a los últimos 8 ejercicios cerrados (2010-2017), se observa cómo en el año 2012 la situación de liquidez de las entidades locales experimentó una considerable mejora, después de haber sufrido unos años complicados, como consecuencia del desarrollo del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores. Por otra parte, desde ese mismo ejercicio, año a año ha ido aumentando el importe del remanente de tesorería para gastos generales ajustado de forma progresiva y significativa. Esta situación se produce a pesar de que, desde 2014, se permite a las entidades locales destinar el superávit presupuestario a inversiones financieramente sostenibles. Probablemente las causas sean una definición restrictiva de estas últimas y el período que lleva su ejecución.

Al igual que el remanente de tesorería para gastos generales ajustado, los fondos líquidos han ido creciendo paulatinamente. Por el contrario, el factor que podríamos considerar como menos favorable en el análisis del remanente de tesorería es el importe de los fondos que no son de libre disposición, es decir, la diferencia entre el remanente total y el destinado a gastos generales. La mayor parte de estos recursos se corresponde a ingresos que se deben destinar a una finalidad concreta y su cuantía se ha mantenido a lo largo del período en torno a los 17-18 mil millones de euros. La gestión de esos fondos debería ser más eficiente, evitando que se alcancen los importes señalados.
 
En todo caso, dentro del sector local, el comportamiento de cada tipo de entidad no ha sido homogéneo. La situación de liquidez de las diputaciones y entidades similares se ha mantenido relativamente estable. Por una parte, en 2010 y 2011 no mostraron una situación de liquidez complicada. Por otra, en los últimos cinco ejercicios, su remanente de tesorería para gastos generales ajustado ha ido ascendiendo, si bien de forma menos gradual que en el caso de los ayuntamientos, como más adelante se observará. Finalmente, cabe destacar que estas administraciones han mantenido un saldo de recursos afectado estable, en torno a los 3 mil millones de euros.
 
Los ayuntamientos han sido los que han mejorado en mayor medida su posición de liquidez, partiendo de una situación peor que la de las diputaciones y entidades similares: de los 4 mil millones de déficit que presentaban en 2011, alcanzaron un remanente de tesorería para gastos generales de ajustado próximo a los 11 mil millones de euros en 2017. Ahora bien, es el grupo de entidades que mayor volumen de recursos afectados mantiene, entre 13 y 16 millones de euros.
Por su parte, el análisis de las características de los ayuntamientos en función de su tamaño poblacional arroja conclusiones interesantes. Con el fin de facilitar la comparación, se calcula la importancia del remanente de tesorería para gastos generales ajustado sobre los gastos corrientes. De este modo, se observa que los ayuntamientos con una situación más desahogada son los más pequeños, principalmente los de menos de 5.000 habitantes. Los ayuntamientos de municipios de menos de 1.000 habitantes presentaban un volumen de remanente que podría financiar la totalidad de sus gastos corrientes, y los que tienen una población entre 1.001 y 5.000 habitantes podrían cubrir la mitad de los gastos de funcionamiento.
 
La situación descrita, sin embargo, no es coherente con los datos del período medio de pago (PMP) presentados por el sector local. A diciembre de 2017, el plazo medio de pago a los proveedores de las entidades locales no cumplía con los 30 días establecidos por la normativa de morosidad, ascendiendo a 44,04 días. Dentro de este conjunto de Administraciones, son las entidades más pequeñas (las que reciben la participación den tributos del Estado por variables) las que muestran un PMP más elevado, con 46,74 días.
 
Profundizamos en la relación que debería presentarse entre el remanente y el PMP analizando entidades locales concretas. Por un lado, seleccionamos diez de los ayuntamientos de mayor tamaño. Entre ellos destaca que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el que mayor volumen de remanente de tesorería para gastos generales ajustado presenta respecto a su gasto corriente. Sin embargo, este ayuntamiento es el que tiene el mayor PMP de las entidades estudiadas (40,27 días).
 
Por su parte, valorando la situación de diez ayuntamientos pequeños seleccionados aleatoriamente, se identifica que el volumen de su remanente, en relación con su gasto corriente, es sensiblemente superior al de los ayuntamientos grandes estudiados. Asimismo, su PMP es, en general, más reducido que el de estos. El único ayuntamiento que no cumple con el límite de 30 días para pagar a los proveedores es el de Alcocero de Mola, si bien, su remanente de tesorería es el segundo más elevado de los casos analizados.
 
En definitiva, la liquidez del sector local se encuentra, salvo en casos concretos, en una buena situación. Sin embargo, esto no se traslada plenamente al PMP. Todo apunta a que esta circunstancia se debe al proceso administrativo que se sigue en las entidades locales para gestionar y realizar el pago. La búsqueda de la eficiencia en el mismo será una de las tareas a abordar en el sector, con un análisis de los procesos que les lleve a la mejora de los mismos y, como consecuencia, a una reducción del PMP.