El control de la deuda comercial es uno de los pilares en los que se fundamenta la normativa relacionada con la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. Este control se atricula, principalmente, a través del seguimiento del denominado período medio de pago a proveedores (en adelante, PMP), cuya metodología de cálculo se definió en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.

Dicha metodología de cálculo se ha modificado con el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, que aprovecha la ocasión para clarificar dos conceptos distintos:

PMP al que se refiere la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El Real Decreto se centra en el cálculo del PMP relacionado con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, subrayando que este no altera el plazo máximo de pago a proveedores establecido en la normativa de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La modificación principal y más importante en la metodología de cálculo del PMP se refiere a que el número de días de pago o de días pendientes de pago se establecen en número de días naturales desde las fechas de anotación en registro de las facturas. Eso sí, cuando sea preciso acreditar la conformidad con los bienes entregados o los servicios prestados, los días empiezan a contar desde que se produce esta conformidad.

Modificaciones en el procedimiento a seguir para la retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación.

Además de la modificación en la metodología del cálculo del PMP, se introducen otras en lo que respecta a la retención de recursos del sistema de financiación ante el incumplimiento del PMP, sobre todo para las Comunidades Autónomas.

Para las Comunidades Autónomas se modifica el sistema para la determinación del importe de retención o deducción. De este modo, se introduce una mayor complejidad en su cuantificación, al considerarse factores como la antigüedad o estado de tramitación contable de la deuda comercial, el calendario de tramitación de los mecanismos de financiación habilitados por el Estado, la evolución del plazo medio transcurrido desde la entrega efectiva de los bienes o prestaciones hasta la fecha de aprobación de los documentos de conformidad, etc. Eso sí, únicamente se enumeran los elementos que se contemplarán pero no se especifica el modo en que intervendrán en el cálculo del importe.

Finalmente, y respecto a los pagos de facturas que el Estado realiza con los importes retenidos, llama la atención que en la nueva redacción que se da al Real Decreto 635/2014 ya no se recoge que no es posible el pago parcial de facturas.

Avance del efecto de la modificación metodológica en el cálculo del PMP de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.

Recientemente se han publicado las cifras de PMP de las Administraciones Públicas correspondientes al mes de octubre de 2017.

En ellas se observa el buen comportamiento de las Comunidades Autónomas en este ámbito, puesto que ninguna estaría en riesgo extremo de sufrir retenciones de los recursos del sistema de financiación (que se activan cuando se superan los 60 días de pago durante dos meses consecutivos).

Con la aplicación de la nueva metodología, las estimaciones de PMP situarían en esa zona de riesgo a la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia.

En todo caso, estas estimaciones se realizan considerando la hipótesis más exigente: que la conformidad de entregas de bienes y de prestaciones de servicios se efectúa inmediatamente, no agotando el mes de plazo general para la misma que establece la Ley de Contratos del Sector Público.