El municipalismo español aborda ya su décima legislatura, dejando atrás los años convulsos de la última crisis financiera. Una crisis que ha dejado cicatrices y, en algunos casos, situaciones de riesgo financiero que han desembocado en la aprobación de medidas extraordinarias de apoyo por parte de la Administración central, a cambio de un mayor aporte de información y una menor autonomía financiera.
Revisando nuestra historia reciente, no es este el primer episodio crítico para el sector local. De hecho, cuando hace dos décadas publicábamos la primera edición de la Guía de la Política Pública Local, los ayuntamientos atravesaban también un periodo de graves problemas de liquidez que repercutieron negativamente en su capacidad para atender las obligaciones de pago. Los Gobiernos locales solicitaban ya, en aquel tiempo, una mejora de los ingresos que garantizara la suficiencia financiera para prestar los servicios que les correspondían y para mantener las infraestructuras municipales.
Desde entonces, han sido numerosas las reformas que han afectado al sector público en general, y al local en particular, pero no han impedido que, veinte años después, algunos de estos problemas y demandas emergieran de nuevo, con más crudeza si cabe. No obstante, las medidas adoptadas en estos últimos años han permitido superar la coyuntura y dejar los Gobiernos locales en mejores condiciones que otras Administraciones. En primer lugar, con el diseño de mecanismos de liquidez que permitieran cumplir con las obligaciones de pago a proveedores, introduciendo una mayor disciplina presupuestaria y dando viabilidad a la mayor parte de corporaciones. Y, en segundo lugar, reforzando la capacidad recaudatoria del IBI, que ha permitido una mayor estabilidad de los ingresos frente a las fluctuaciones económicas con una menor contestación social frente a otro tipo de medidas fiscales.
En consecuencia, el sector local ha recuperado, en conjunto, la estabilidad presupuestaria y ha sido el principal artífice en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con nuestros socios comunitarios. Con la consecución en los dos últimos ejercicios de un superávit, aproximadamente de medio punto porcentual del PIB, ha posibilitado que el resto de Administraciones pudiesen desviarse de sus objetivos de déficit.
Sin embargo, para ello, las entidades locales han debido asumir un marco normativo mucho más rígido que los restantes niveles de la Administración, lo que sin duda ha mermado los niveles de inversión y limitado el alcance de los servicios públicos que prestan, a pesar de la fuerte recuperación del ahorro presupuestario y de las disponibilidades líquidas.
El esfuerzo inversor de los municipios se ha reducido a la mínima expresión y representa menos del 10% de su presupuesto, prácticamente lo mismo que lo que se destina a amortizar deuda y apenas la mitad de lo que ejecutan las comunidades autónomas en gastos de capital después de años de fuertes ajustes. Muy alejado del diagnóstico de hace dos décadas, cuando el 40% de la inversión pública la protagonizaban ayuntamientos y diputaciones. Incluso, en el período 2010-2012 siguieron desempeñando un papel central a través de Fondos Estatales de Inversión Local, que sirvieron para canalizar medidas expansivas de gasto a través de la estructura capilar de los municipios en el territorio. Apenas unos años después, desde algunos sectores se defiende que su papel debe centrarse en la gestión del gasto corriente asociado a las competencias obligatorias, condicionando cada vez más las características y el alcance de los gastos de capital.
Vaivenes que generan incertidumbre y que impiden planificar a largo plazo a los gestores públicos, probablemente porque desde el propio sector no se ha sabido o podido contrarrestar la percepción de ineficacia por la mala praxis de una minoría de ayuntamientos. La falta de consenso sobre el reparto de las competencias y la financiación sigue siendo manifiesta, como se ha hecho patente en la tramitación de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El papel de las provincias y diputaciones igualmente genera posturas contradictorias, en parte alimentado por la deficiente interpretación que algunos de ellos han realizado de lo que debe ser una asistencia de calidad a municipios que, en su mayoría, necesitan un soporte que compense la escasez de recursos técnicos y humanos.
La fisonomía de nuestro mapa local, fragmentado en más de 8.100 municipios, continúa siendo una anomalía que varios países de nuestro entorno ya han comenzado a corregir buscando una dimensión más eficiente de los municipios. Y no es porque suponga una amenaza para la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. De hecho, estas pequeñas poblaciones representan un parte ínfima del gasto público y la mayoría ha demostrado sobradamente su responsabilidad presupuestaria. El problema resulta de las grandes asimetrías que se generan entre grandes y pequeños municipios, por su capacidad para prestar servicios básicos a los ciudadanos, que abocan a los segundos a recibir una atención de segunda categoría.
Es evidente que el sector necesita un pacto que permita afrontar el futuro con mayores garantías y evite resignarse a seguir perdiendo relevancia en la gestión del gasto público total año tras año. Las ciudades serán protagonistas cada vez más relevantes en el contexto económico y social, y habrá que superar el debate que en España sigue centrado en las regiones para dar el peso que corresponde a los núcleos urbanos que, en definitiva, son los que atraen el talento y concentran la actividad empresarial.
Con la vocación de reivindicar la importancia que se merece el sector público local en nuestro país y de proporcionar una herramienta de consulta práctica a los gestores de nuestros municipios, desde hace dos décadas seguimos comprometidos con una nueva edición de la Guía de la Política Pública Local tras cada cita electoral.
Su estructura temática incorpora las modificaciones normativas más relevantes que se han producido desde la última edición en temas tan diversos como la gestión presupuestaria y financiera, el control interno y externo, los recursos humanos y la organización, el régimen jurídico, el desarrollo territorial y urbanístico, la contratación pública o la prestación de los servicios locales. Respecto a anteriores ediciones, se han añadido dos nuevos apartados dedicados a la transparencia, que tanto demanda la ciudadanía y que debe poner de manifiesto la mayor madurez democrática de las instituciones españolas, y a la financiación local, aún pendiente de importantes demandas por parte del municipalismo. Se incluyen también cuestiones que explican con detalle las reglas fiscales que emanan de nuestras leyes de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera o las consecuencias de la ya mencionada reforma local, aunque muy probablemente sigamos asistiendo a modificaciones significativas que les afecten, justificando una nueva edición cuando concluya esta legislatura recién iniciada.
Mantenemos el mismo formato de preguntas y respuestas, con un lenguaje ágil que facilite la comprensión del marco jurídico, para resolver muchas de las cuestiones que surgen en la gestión diaria de nuestras Administraciones locales. Las preguntas sobre las que se estructura la Guía se han seleccionado por el equipo de Afi, Consultores de las Administraciones Publicas, a quien agradezco su dedicación a lo largo de todos estos años de colaboración con las corporaciones locales. Igualmente quiero extender mi agradecimientos a los profesionales del sector público y privado que se han sumado a este ilusionante proyecto para compartir conocimientos y experiencias sobre el ámbito municipal, así como al BBVA por la confianza que han demostrado en este proyecto poniendo de manifiesto, una vez más, la proximidad al sector local de esta entidad.
